TURQUÍA (Hispanatolia)
El comisario europeo para la ampliación, Olih Rehn, puso inmediatamente a trabajar a sus servicios de análisis jurídico, para buscar una explicación a la situación que acababa de producirse ayer por la mañana en Ankara.
El Tribunal Constitucional turco ha admitido a trámite un procedimiento para ilegalizar el partido político que detenta el poder en aquel país, lo que genera un mar de incertidumbres sobre el futuro de las negociaciones para el ingreso en la Unión Europea. El resultado de los primeros análisis de la Comisión Europea es que Turquía puede entrar en un periodo de grave inestabilidad debido a este «error sistémico».
El Tribunal Constitucional turco, en efecto, ha admitido a trámite -por unanimidad- la querella de un fiscal del Tribunal Supremo de Apelaciones, acusando al partido en el poder, el islamista AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), de violar la Constitución con sus actuaciones en materia de laicismo del Estado. El problema es que se trata del partido al que pertenece el primer ministro, Tayip Erdogan, y el presidente de la República, Abdulah Gul, para los que se pide una inhabilitación para toda actividad política de cinco años. El AKP ganó confortablemente las elecciones anticipadas de julio pasado con casi un 50 por ciento de los votos, lo que le ha atribuido prácticamente dos tercios de los escaños en el Parlamento. Es fácil deducir qué significaría una eventual condena del AKP en este proceso.
Siempre el velo
El comisario Rehn reiteró ayer sus advertencias del pasado sábado contra la actuación del Tribunal Constitucional: «En los países europeos, este tipo de discusiones se despachan en el seno del Parlamento o ante las urnas». Eso es lo que había previsto el propio Erdogan, que en sus tiempos de oposición ya conoció periodos de inhabilitación política precisamente por sus veleidades islamistas. El primer ministro ha dado a entender que piensa «responder en las urnas» a cualquier juicio, lo que da a entender que va a llevar al país a una reforma constitucional que será sometida a referéndum, para abolir las reservas legales con las que está siendo atacado. Rehn le daba la razón ayer en su comunicado diciendo que el caso «ha revelado el error sistémico que existe en el marco constitucional turco» por lo que animó al Gobierno a reformarlo, a pesar de que es evidente de que ello generará más tensiones políticas.
Es decir, Turquía va a seguir en una situación delicada, y entra ahora en un periodo de grave inestabilidad a causa de una crisis que puede representarse en el símbolo del pañuelo con el que se cubren las mujeres musulmanas más observantes. Si hace ochenta años su desaparición fue el principal objetivo de Kemal Ataturk para representar el paso a un país laico y moderno, ahora su reintroducción por parte del AKP ha vuelto a ser la causa de la más grave escisión en la sociedad turca. Todo empezó en 2006 cuando Erdogan pensó en ocupar él mismo o alguien de su partido la presidencia de la República, pero desde el principio los sectores kemalistas advirtieron que no aceptarían a alguien cuya esposa vistiera el pañuelo, algo que no se había visto jamás tras los muros de la residencia presidencial. Después de un ácido pulso judicial y unas elecciones muy emocionales, Erdogán se salió con la suya y el nuevo presidente, Abdulah Gul, hizo que en su retrato oficial le acompañase su esposa, vestida con el velo. En medio de este ambiente de división entre laicos y seguidores del AKP, en julio pasado, las elecciones anticipadas dieron la victoria al partido de Erdogán y este logró fácilmente una mayoría suficiente para dar el paso definitivo de abolir la prohibición de que las mujeres entrasen cubiertas con el velo en la Universidad, un símbolo que los nacionalistas republicanos no han logrado digerir.
Ha sido esta trayectoria la que ha sido utilizada como argumento por el fiscal del Tribunal Supremo de Apelaciones, Abdurrahman Yalçinkaya para lanzar el procedimiento. Entre sus argumentos contra el AKP cita precisamente la cuestión de la liberalización del uso del velo en la Universidad -cuya aplicación está suspendida por otros recursos judiciales- y llega a decir que el objetivo de el Gobierno de Erdogan es instaurar un Estado Islámico regido por la Sharía, por lo que «no es posible esperar a que se cumplan sus planes» para lanzar el procedimiento.
Las partes -el fiscal y el AKP- tienen un mes ahora para preparar sus respectivos argumentos y el Tribunal Constitucional deliberará durante medio año al menos. La sentencia debe ser aprobada por al menos siete de sus once miembros.
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